Del pago de sobornos al kirchnerismo

Por las declaraciones del caso Odebrecht se sabe que la empresa le pagó al gobierno kirchnerista como 35 millones de dólares en coimas. En verdad, esos 35 millones habrán sido repartidos entre algunos de los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, del período en que el kirchnerismo gobernó a este país, en especial a los del Ministerio de Planificación Federal, personal que fuera no sólo del Frente para la Victoria, sino también del PRO, la UCR y los demás partidos ganadores de cargos ejecutivos. El pago de coimas en la obra financiada por el gobierno estatal es un delito que es sabido se comete en los países desde hace tiempo, no sé exactamente cuánto, pero ya debía haber algo así en la Roma antigua. Entonces, que llame la atención éste, da qué dudar. Cabe exigir que se reconozca, por un lado, la aceptación de los sobornos de los gobiernos estatales, pero por otro a los autores de los pagos. Sin el enjuiciamiento de ambos no se puede entender bien el tema, y por ende poner en perspectiva a los del gobierno argentino previo. Las empresas privadas asociadas a las obras de infraestructura gubernamental, la llamada patria contratista, pagaron sobornos para obtener los contratos con los gobiernos desde la última dictadura por lo menos, lo que ya debía venir de mucho antes acá, cuestión que se replicó durante el alfonsinismo y el menemismo, por lo que no es raro que en el kirchnerismo se haya repetido y que se repita ahora en el macrismo, así como no lo será que sea en los mandatos próximos. Por eso es que estos asuntos fueron incorregibles, suscitaron una negativa absoluta de las autoridades, algunas de las cuales cobraron mal. La obra pública hace al mal desarrollo, porque al basarse en la coima el plan se ejecuta sin ningún tipo de consenso social. La falta de atención a los reclamos comunes indica la posibilidad de que haya la compra de favor político. Por eso es que una nueva ley debiera incluir algún mecanismo de participación social que la impida. La reforma constitucional podría contener, entre las formas socializantes del gobierno, la cogestión de la obra pública, aunque eso espantara inversores, porque los que huyeran de aquélla no serían buenos, pero para que se la aceptara los habitantes de las naciones tendrían que permitir que las obras tardaran más tiempo en concretarse, lo que en verdad no es tanto problema y terminó pasando muchas veces. No es necesario empezar por la socialización económica para después seguir con la gubernativa, sino que ambas pueden ir juntas, pero con prioridad de la primera. La socialización debe ser conjunta pero con prioridad de la base sobre la meso y la superestructura.