Ayer y hoy se debatió el proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" en la cámara de diputados, quienes buscan una salida para la crisis del país desde distintas posturas. Una cuestión muy señalada fue la corrupción kirchnerista, que fue exagerada porque no hubo mucho enriquecimiento individual y constitucionalmente delictivo entre los gobernantes kirchneristas, que en parte se enriquecieron de forma legal -el robo por coimas en la obra pública se debe haber usado más para financiar sus campañas electorales, en que los partidos de derecha ortodoxa tienen ventaja porque reciben aportes mayores de las grandes empresas-, pero además porque las denuncias se centraron mucho en quienes las cobraron y muy poco en quienes las pagaron -como lo debe haber sido, entre otras, SOCMA, dados los millones de dólares de los bolsos de José López que pasaron por Finansur-, esto por una alianza de clases entre sus empresas licitatarias y el periodismo más conservador, temas que resta esclarecer porque no se los conoce bien a fondo y entonces son difíciles de dimensionar, pero aparte no se considera corrupto al régimen de plusvalorización legal, que es una fuente constante y grande de pérdida nacional de recursos financieros. La apuesta mileísta apunta a resolver la crisis sin afectar este régimen a la baja, por lo que es insuficiente, pero además empeora porque le sacaría más capitales a la base social y se los daría a su altura, con la pretensión de que unos pocos oligarcas ya muy sobreatareados se encarguen de reinvertir millones de pesos para reactivar la economía, lo cual no pueden hacer mucho porque no les da el cuerpo de tantos negocios que manejan. La creación de puestos de trabajo tiene que darse por una reinversión masiva, para lo que tiene que tener más plata la mayoría del pueblo, pero tendría que ser decreciente para resolver bien la sobreproductividad. Se le echó la culpa al kirchnerismo por aumentar mucho el empleo pagado por el gobierno, sin decir que redujo el desempleo causado por el ingreso del capital más privado durante el menemismo, que quebró a muchas pymes e implicó despidos de trabajadores públicos, así como se lo acusó por la inflación, que fue más por culpa de los oligopolios y de la especulación con el dólar que de la emisión monetaria de la presidencia de Alberto Fernández. No se reconoció que Argentina es un país liberal debido a su Constitución, por lo que se insiste con recetas ultraliberales para tratar de resolver la miseria causada por el liberalismo reconstituido con la reforma del ´94, tradicional en el país desde su creación en 1810, ni se señaló mucho del lugar de la corrupción judicial y debitaria, en particular la del préstamo inconstitucional del FMI a Mauricio Macri, como grandes fuentes suyas. La corrupción, como rotura compuesta, no es mala en sí misma, aunque en general sí lo es y debe ser bien impedida, pero a la gubernamental se la debe condenar en buena correlación con la sanción a la del pueblo, porque, si no, se encarniza de más con el gobierno y de menos con su pueblo, por lo que la crítica se desproporciona.
La idea de que el período de prueba por un año implicaría despidos sistemáticos, al cumplírseles este plazo a los trabajadores nuevos, para que sus patrones paguen menos por ellos, no es del todo cierta, porque algunos empleadores necesitan que sus obreros estén capacitados, así como conocerles, lo que se da con el tiempo de trabajo en la empresa, pero es verdad que esta modificación facilita los despidos y amplía el período de contratación barata. A algunas pymes esta diferencia les implica existir o cerrar, pero a muchas empresas les apareja mayores o menores ganancias netas, que suelen ser superiores a las de los trabajadores a sueldo. Entonces, debiera ser un régimen especial, sólo para empresas de ganancias netas nulas, o algo por el estilo. El argumento de cambiar el período de prueba para beneficiar a las pymes tiene la contra de que la política de apertura de importaciones y de privilegio al capital trasnacional y reaccionario va a golpearlas duro, así como la contracción del mercado interno dada por la inflación y el ajuste regresivo del sector más público, lo que da cuenta de que es una excusa para aprobar esta contrarreforma.
La dictadura es contínua en el republicanismo, porque se maneja con dictámenes gubernamentales y dictados periodísticos. Las dictaduras militares antidemocráticas (los gobiernos democráticos también son militares, porque tienen ejércitos, comandados por los presidentes) fueron, en total, más de derecha que los gobiernos votados en sufragio universal, pero algunos de los gobiernos votados en masa fueron tan de derecha como esas dictaduras militares, e incluso más que las moderadas, como la presidencia de Milei, que en algunos aspectos es tan de ultraderecha como la dictadura de 1976-83, aunque mucho menos represivo, y es más de derecha que la dictadura militar de 1943-46, de Ramírez y Farrell. Quizás se parezca más a las dictaduras de Uriburu (1930-32), Lonardi y Aramburu (1955-58), Guido (1962) y Onganía, Levingston y Lanusse (1966-73), que fueron de liberalismo aristocrático pero no reprimieron tanto como la del ´76.
La idea de que la inclusión jubilatoria fue abusiva por igualar a quienes no aportaron 30 años con quienes sí lo hicieron no tiene en cuenta que las amas de casas trabajaron sin cobrar, por lo que no podrían haber aportado, al igual que quienes trabajaron en negro y los más enfermos, que rara vez accedieron al mercado laboral más formalizado por el esfuerzo que demanda, como el educativo, de trámites y de tareas de manejo de plata, que es poco apto para quienes son más débiles. La injusticia jubilatoria se da más por las jubilaciones de privilegio, tanto las del "sector público" como las del "privado", pero la desfinanciación del gobierno se debe más a las ganancias capitalistas "privadas", tanto las legales como las ilegales para la justicia constituida, que a las jubilaciones más caras. No siempre está bien suponer que quien más aporta debe cobrar más, porque el esfuerzo individual depende de la salud personal, que no es del todo controlable por los sujetos, es decir, que así se convalidan diferencias sanitarias, además de que quienes comparten el credo constitucional cuentan con ventaja jurídica para desempeñar sus negocios y obtener pagos, pero es cierto que la igualdad jubilatoria no debe ser absoluta: sucede que la desigualdad actual es demasiada, pero anularla por completo tampoco serviría bien. La motivación remunerativa para el esfuerzo individual vale bien en cierta medida, pero no más allá suyo.
Un tema mencionado por izquierda y por derecha es el del parasitismo. Cada cual señaló a distintos grupos humanos, respectivamente unos magnates y la militancia kirchnerista que accedió a cargos oficiales, como parásitos, lo que se debe a que el parasitismo describe a la conducta de quien rodea a la comida, o sea, que se aplica a toda la gente en algún momento, así como sus acepciones más específicas también se adecúan a muchos hombres en diferentes ocasiones. Otro tema es el de la "casta", que también es definida de distintas maneras y aplicada a distintos grupos humanos de acuerdo a la interpretación y los objetivos de cada cuerpo político que la nombró. El vocablo latino "castus" significa "puro", pero se lo usó para describir a la clase alta india, a la que se pertenecía por herencia de nacimiento, como la nobleza monárquica europea, antes de definirla como grupo social cerrado, lo cual habilita a que se use a esta palabra para nombrar a distintos objetos, pero entonces se lo debe hacer indicando bien el alcance de la expresión, ya que hay muchos grupos humanos cerrados, además de que ninguno lo es del todo.
El parlamentarismo actual tiene el defecto de que decide por mayoría, lo cual le quita importancia al contenido de sus debates: los temas se discuten, cada parte presenta su postura y un poco adoptan buenas razones entre sí, pero algunos quedan sin buen saldo, con afirmaciones sin cotejar, o poco cotejadas, faltas interpretativas y desinteligencias, entre otros vicios legislantes, a pesar de lo cual se los decide por voto, con lo que, si la puesta en común fue insuficiente, se toman malas decisiones que tienen malas consecuencias, y la puesta en común dista de ser suficiente, porque hay varias concepciones en pugna que no explican del todo bien la realidad, en particular por la adhesión de clase, que está lejos de alcanzar una buena síntesis completa, que se vincula distorsionadamente a los credos teológicos y más directo con las ideologías políticas y científicas.
El salario es una ganancia porque se lo gana, pero es una que no suele exceder por encima al monto preciso para el buen equilibrio social, o que lo excede por poco, con salvedades (el defecto que tiene se da sobre todo por ser inferior al límite deseable, peca más por mengua que por sobra, como el satanismo, que es demasiado partidario de la inferioridad). De todas formas, el impuesto a las ganancias en cuestión es injusto porque no se grava en proporción a las ganancias mayores, que son las del gran capital. El esfuerzo más grande que los titulares de las empresas pueden hacer respecto a sus trabajadores asalariados por un lado es relativo, porque estos obreros pueden trabajar más horas diarias que ellos algunas veces, y por otro, si bien justifica un pago superior, no lo hace en cualquier medida, sino en una que se debe definir bien y que es menor a la acostumbrada, lo mismo que pasa con la adquisición de calificaciones y capacidades profesionales y técnicas. Cuando una clase humana cree que merece más de lo que merece comete una falta, pero también cuando una cree que merece de menos, a lo que se justifica con ideas como que el reino de los cielos será de los pobres, asunto que se debe enmendar bien porque el buen reclamo ganancial de clase es necesario para ajustar bien el pago internacional. A la vez, la reducción de las ganancias sobrantes debe ser acompañada de una disminución de la sobrecarga y de las responsabilidades laborales de los empresarios, cuestiones vinculadas al juicio sobre sí mismo y el otro, y sobre la conducta propia y ajena, que dependen de las interpretaciones religiosas, incluso las alternas, como las ateas y agnósticas.
El crecimiento económico que traería el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aparte de habilitar el lavado de dinero de negocios clandestinos, sería excluyente, o sea, que la economía argentina aumentaría dejando al margen a grandes sectores del pueblo, como en el menemismo. Lo que hace falta es un buen decrecimiento inclusivo, pero eso depende del voto del pueblo, por lo que hay que abrirse a opciones preparatorias, que sean de mediocridad benigna.
La privatización minoritaria de empresas del gobierno debiera ser bien tomada en cuenta, pero, bajo gobiernos supra-conservadores, tendría que ser muy bien condicionada.
El sistema de gobernantes a sueldo atenta contra la democracia, porque, al especializarse tanto las funciones de mando, a la mayoría de la humanidad se le hace imposible seguir bien a fondo los debates, que en este caso se basan en un texto muy complejo de cerca de 350 páginas, al que pocos pueden leer entero y deteniéndose a estudiar las partes difíciles para entenderlo bien y por completo. La extensión y refinamiento de este proyecto de ley da cuenta de un hipercriticismo, que es maligno por ser tan largo y sofisticado, porque así es para conocimiento de pocos, en tanto que la ley, para ser bien armónica, debe ser bien comprendida y aceptada por el conjunto de la sociedad. La aceptación de la ley actual es ficticia, porque se supone que los legisladores representan el mandato de sus votantes, pero eso no es así del todo, y entonces el sistema tiene fallas legislativas recurrentes, además de que el pueblo, sujeto de la soberanía, a veces elige malas opciones. Después de presentarse en diciembre la primer versión de este proyecto de ley, se la redujo, haciéndola menos larga y complicada, de 232 artículos en 182 páginas muy poco leídas por el pueblo argentino, y si el senado lo aprueba con modificaciones volvería a cambiar y a ser discutido por las diputadas, de quienes hay quienes dicen que no trabajan, como si leer tanto y debatirlo no requisiera esfuerzo. ¡Así es la razón popular a veces!