Quienes deciden el precio de los productos que se venden son sus vendedores, pero lo hacen de acuerdo a algunas causas, en particular la demanda que perciban de los bienes que ofrecen. Lo que hay que impedir es la ganancia neta excesiva, el lucro abusivo, pero eso no se puede hacer sólo desde el gobierno, porque, como los vendedores sobreacumulantes son muchos, el gobierno no puede controlarles, dado que no le alcanzaría el personal de fiscalización. Entonces, necesita la participación de los consumidores, en especial la de sus asociaciones, así como podrían intervenir los sindicatos mediante presentaciones judiciales. El gobierno debiera evaluar si las ganancias netas de las empresas denunciadas por sobreprecios exceden el límite de lo que sea sano para la sociedad y, de hacerlo, disponer la rebaja de los precios. Habría que establecer el principio de la ganancia justa como regla legal superior. Si las empresas se socializaran, el problema persistiría pero con cogestión obrera horizontalista, o sea, que con el socialismo la inflación debiera tender a bajar, ya que el afán de lucro de los trabajadores asalariados no suele ser grande, salvo que tuvieran las ambiciones gananciales mal medidas, lo que podría darse si los partidos socialistas rigieran los países.
El tema es que las personas midan bien su usura. La usura, en sí misma, es la cualidad del uso, es decir, que en sí no es mala, sino que ello depende de cómo sea, lo que se relaciona con la concepción del mundo que se tenga, aunque no sólo con eso, porque la definición del uso individual es social.