La reforma constitucional prosocialista, además de permitir la socialización de los mayores medios productivos, que podría coexistir con formas privadas y estatales, al menos provisionalmente, debiera desincentivar la usura excesiva mediante su prohibición tolerante, que no debería fundarse en el punitivismo castigador, sino en la buena corrección, comprensiva y pragmática, al menos en general.