Si un gobierno legislara, dentro del marco constitucional vigente, un gran aumento de salarios, ¿sería eso compatible con la ley suprema? De ser así, se podría reducir mucho la brecha salarial, aunque así se mantuviera la propiedad privada de las empresas, es decir, que mientras que la política obrera no haya madurado lo suficiente para que se legisle la socialización empresarial se podría tratar la desigualdad de esta manera, pero antes habría que ver si la ley lo permite y vencer el temor a la huida de inversiones. Si las inversiones tienen mala razón social perjudican a la sociedad, por lo que es mejor que se vayan. Lo que se necesita son inversiones honradas.
Un esquema salarial progresivo podría ser el de que cerca del 90% de la facturación neta de las empresas sea para los empleados comunes, quedando el 10% para los dueños, pero para que eso fuera justo ellos y las autoridades mayores tendrían que deshacerse de la sobrecarga laboral. Trabajarían menos, les alcanzaría para vivir y podrían ahorrar un poco, y los trabajadores inferiores ganarían más dinero, lo que dejaría sin resolver algunos temas importantes, como el de la organización de las tareas, que requeriría de un sistema suficiente para la toma de decisiones, que además tendría que componerse bien con lo externo a la compañía. Esto no podría funcionar bien si no se resolviera como se debe la cuestión de los temores religiosos, cuya influencia en los negocios es poco reconocida, entre otras causas.