La asamblea constituyente pro-socialista podría legalizar la expropiación barata, y hasta gratuita si cupiere, de las empresas, cuando se demostrara debidamente la corrupción empresarial, es decir, que se podría habilitar el cambio en la titularidad de las empresas al probarse bien que la dirigencia de sus sociedades accionarias hubiere incurrido en delitos flagrantes. Esto permitiría la expropiación, que sería en pos del gobierno, lo que estaría bien pero sería insuficiente, ya que no implicaría el traspaso de la tenencia a sus trabajadores. En el caso de las grandes empresas la expropiación quizás deba adoptar un carácter mixto, con cogestión gubernamental y obrera, seguida de la posibilidad de que participen en su administración los usuarios y consumidores, o los demás afectados por éstas. La empresas del gobierno debieran tener mecanismos cogestivos, y las privadas admitir la posibilidad de que se las cuestione y reordene con paciencia si su desempeño lo ameritara, cosa que tendría que ser justa también con los empresarios. Otra modalidad intermedia podría ser la de la cogestión entre trabajadores y empresarios, a lo que habría que terminar de decidir en concreto, según las características particulares de la expropiación que fuera.
La ley pro-socialista debiera relativizar el predominio de la propiedad privada, para permitir distintos modos de transformación propietaria, que tendrían que ser más pro-obreros que pro-patronales.