La política para con la clientela de la prostitución debiera ser la de la campaña por el consumo responsable y la de la convocatoria a la lucha por la liberación sexual, ya que condenar a los clientes, con toda la red de trata que hay, de la que participan directa e indirectamente proxenetas, gobiernos, poderes judiciales, legisladores, policías, bancos, abogados y demás, toda una mafia, es meterse con los giles de la cadena, los más inocentes o los menos culpables. De seguro hay una crítica al consumo de servicios sexuales que habrá que precisar, pero el asunto más importante es la red mafiosa, que requiere de un abordaje integral, para el que los que están mejor preparados son los partidos de izquierda, aunque habría que hacerlo desde un frentismo social y partidario.
Algunas de las organizaciones que persiguen a la trata tienen prejuicios religiosos sobre la sexualidad, que se les cuelan en la condena a la prostitución.
Resta dilucidar la operatoria de lavado y fuga de los capitales de este negocio ilegítimo.
Además, está la cuestión del comercio sexual legal, o sea, del que no es parte de la red de trata, cuyo consumo es superable, pero no reprobable en general, tal como lo es la asistencia a clubes de desnudistas, la contratación de trabajadores libres o el uso de pornografía.