El espionaje presidencial no abarca sólo a jueces, legisladores y militantes, sino también a grandes empresarios privados, porque con la información recabada sobre su vida íntima se les extorsionó para que hicieran denuncias y para condicionar sus contratos, u otras actuaciones. Los organismos de esta inteligencia militar alta son permeables a la injerencia empresarial porque los presidentes, vices y jefes de gabinetes, que los dirigen, son empresarios del capital público, el de las instituciones del gobierno, no sólo las de salud y educación, ni las empresas de infraestructura, ni los bancos centrales, y a veces, al mismo tiempo, son dueños de empresas privadas, y siempre tienen relaciones íntimas con el gran empresariado privado, que es complejo: se le vinculan de cerca formen o no parte suya. No es un todo homogéneo, aunque siempre es grande, y evoluciona con el transcurso de la historia y las pugnas de la lucha de clases, que hasta lo pueden empeorar, por lo que se tiene que hacerla suficiente.
Como la moral predominante exige la sexualidad monogámica, los empresarios son vulnerables por los mensajes que tengan con sus amantes, que dejan un registro comunicativo en los servidores de las empresas telefónicas que puede ser accesible para los agentes de inteligencia, con cuyos extractos se puede componer un archivo con nombres y apellidos, para tener a disposición la información inculpante de cada quién, a la que dar a conocer en alguna prensa. La ley establece impedimentos al accionar ilegítimo de los espías, pero no siempre se la cumple.