Hay toda una serie de legislaciones supralegales, o sea, de la legalidad superior, de las que ignoro, por lo que no podré dar una versión más o menos completa del asunto, pero sí puedo hacer un aporte. Conozco mejor la legalidad de la constitución argentina y sus derivaciones menores, pero sé poco de los tratados internacionales de rango constitucional, que hacen al entramado jurídico del liberalismo capitalista trasnacional.
Esta nota va a ser provisoria y la seguiré redefiniendo con el tiempo, porque su temática es amplia. La pienso para Argentina, pero sé que, con modificaciones, puede aplicar para otros países. La escribiré mediante un punteo.
1. De por sí, tengo que decirlo, aunque no me van a hacer caso, que está la cuestión religiosa, con el dios de los católicos metido en la constitución desde el preámbulo y la obligación de que el gobierno federal sea católico en el artículo 2, con todas las consecuencias que eso tiene para el ordenamiento social. Son temas que requerirán atención hasta que hayan sido bien resueltos.
2. Desde 1945 hasta ahora, al menos, los modelos de gobierno, siempre liberales, oscilan entre tender al proteccionismo y hacerlo hacia el aperturismo, lo que en los últimos ciclos presidenciales implicó la cuestión de la estatización y de la privatización de las empresas de los servicios públicos. Los servicios públicos tienen que ser estatales, al menos en la mayor parte de su composición accionaria, y para terminar el problema habría que declararlos como tales en la constitución. Sería mejor que estuvieran socializados, pero por ahora no se puede, porque la sociedad no está dispuesta, así que cabría estatizarlos con un mecanismo de participación social, para trabajadores y usuarios en particular. La tesitura de esta propuesta es la de la democratización socialistizante.
3. El presidencialismo requiere ser corregido. Además de darle mayor peso al parlamento, y de controlar al poder judicial mediante la elección y revocación de jueces, habría que sujetar la toma de decisiones fundamentales a referéndums asamblearios, o plebiscitarios. El ejercicio de la soberanía debiera incluir la posibilidad de revocar, o de suspender, todos los mandatos bajo sospecha de fraude, y el atendimiento suficiente a los reclamos sociales ante las cuestiones a que aquél se atiene. Tendría que ser un sufragismo socialista, o sea, una combinación de representacionismo gubernativo con consensualismo social. Eso sería insuficiente, pero mejoraría la situación, marcada por una falencia importante del sistema representativo, dada por el fideísmo, la competencia interpartidaria, la toma apresurada de decisiones y la corruptibilidad capitalista y gobernante. Para eso hay que priorizar el atendimiento de las demandas sociales por sobre el crecimiento económico, y tratar al problema de la desocupación salarial con el empleo estatal, los subsidios a los pobres y la reducción de la jornada laboral, o sea, priorizar al proletariado por sobre el empresariado, lo que mermaría bastante a las ganancias capitalistas, que terminan en su gran mayoría en la especulación y las guaridas fiscales, o sea, que son capitales frívolos.
4. El ordenamiento social tiene que estipularse como ecologista y democrático, si es que no da también para socialista, y el método cognoscitivo tiene que ser verista.
5. Habría que limitar la extracción de plusvalía y la jornada laboral de los empresarios.
6. Se tendría que reinstalar el precepto de la utilidad social de la propiedad.
7. Una cuestión es la de la potestad social del territorio. El uso del territorio no debiera sujetarse sólo al arbitrio gubernamental, sino que tiene que ser celebrado por las personas que lo habitan. Para eso hay que buscar iniciativas económicas que sean socialmente aceptadas, que las hay o que son hallables, y si algunos se oponen sin razón, se les debe dar el debate y desobedecerles si persisten en ser irresponsables, pero atendiendo a lo que tengan de buenos. En particular, cabría, además, respetar los cuestionamientos que hicieran los residentes lejanos al territorio en cuestión, porque aunque vivan lejos igual serían incididos por lo que se hiciera en él.
8. Otro tema es la desafectación del CIADI, porque su legalidad es procapitalista.
Esto va a dar para largo, pero por ahora lo interrumpo.