De la corrupción progresista latinoamericana

Ahora, con el quiebre del ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos, se expone la corrupción de algunos de los gobernantes de esos gobiernos, lo que ameritaría un análisis detallado que permitiera comprenderla en perspectiva histórica. No se puede decir que los corruptos no hayan sido progresistas, porque el progresismo existe históricamente, por lo que tiene contradicciones, incoherencias y maldades. La cuestión de la corrupción para el progresismo es difícil de resolver porque la derecha cuenta con los mayores servicios de inteligencia estadounidenses y regionales, que realizan espionaje a los gobernantes que se les oponen, y en base a eso los boicotean, junto a los partidos, fundaciones y demás organizaciones capitalistas, en particular los medios de comunicación más grandes. Ese boicot se basa en el sentido común capitalista y en la moral sacerdotal, porque el común de las poblaciones analiza los casos puntuales de corrupción histéricamente, como si la corrupción fuera cosa de unos pocos malhechores, mientras que lo normal fuera la conducta correcta, lo que, si bien en cierto sentido es verdad, no da cuenta de la enorme cantidad de corrupción naturalizada. Hay por un lado una cultura ilegítima y delictiva asentada en los gobiernos y en el funcionamiento de la sociedad civil ligada al estado, junto a las miserias eclesiásticas, que en conjunto hacen que los que reclaman honestidad sean considerados unos densos, y por otra parte existe la corrupción no reconocida, porque está aceptada por la cultura capitalista, que es la de la extracción del plusvalor. La extracción del plusvalor es corrupción porque es una maldad, pero como la ley la permite la gente procapitalista no la toma como tal, y se escandaliza cuando los que roban son los gobernantes, sin apreciar la disparidad de las magnitudes de capital que hay en cada caso. Eso no quita que esté mal la corrupción gubernamental, sea progresista o conservadora, pero incita a un análisis crítico del tema. La corrupción gubernamental del enriquecimiento ilícito es capitalista, porque quienes la cometen acumulan capital ilegalmente, en tanto que los empresarios lo hacen legal pero ilegítimamente.