La corrupción de la obra pública innecesaria, a la que se apeló para generar puestos de trabajo, debiera haber sido reemplazada por el fomento de la elaboración de las viviendas de los pobres, que requieren de muchas terminaciones y reparaciones, lo que le daría trabajo a mucha gente sin tener que asociarse tanto con los mayores capitalistas del negocio. La obra pública necesaria debiera tener control social, con la participación legal de los interesados en el seguimiento de su ejecución. Que el control público ahuyente a los inversores no debiera ser motivo de desistimiento, ya que la liberalización del ramo es muy nociva para las naciones y porque ceder ante las pretensiones malas de los capitalistas es más ruinoso para los países que financiarse con el dinero de la producción nacional, o mismo con créditos e inversiones menores. Basta ver qué pasó con las cuentas estatales por hacerle caso a los capitalistas para sacar las conclusiones.
La promoción del consumo interno basada en los bienes movibles no es tan necesaria como la de los inmuebles, que son más importantes porque son más básicos. La emancipación exige que los trabajadores sean dueños de sus casas y que éstas estén en buen estado, más que la tenencia de electrodomésticos, que asimismo son más superficiales que los muebles, lo que es otra industria que debiera haber sido priorizada en el ciclo progresista, lo que redundó en que la clase obrera tiene sus casas, muebles y utensillos deteriorados, y sus electrodomésticos vencidos, o prestos a vencerse, por la obsolescencia programada. La focalización en estas dos industrias serviría para reducir el déficit fiscal, porque requieren menos importaciones que los productos eléctricos.