La justicia ecuatoriana acaba de condenar a Rafael Correa alegando que él supo que durante su mandato se cobraban sobornos a cambio de licencias para las obras públicas, pero no demostró bien la culpa del ex presidente, ni la de los otros funcionarios que fueron acusados. Un asunto tan importante no debiera ser noticiado sin las pruebas correspondientes al fallo, porque así lo que se causa es que haya que creer en que la sentencia es justa, en vez que saber si lo es. La justicia no debe sostenerse en que se crea en ella, sino en que se sepa que hace cumplir la ley de buena forma. Hasta que no se conozcan bien las pruebas no se podrá aprobar la resolución como se debe y, más aún, cabe reprocharle a la justicia y al periodismo la demostración de las conclusiones del caso. Como es un tema de importancia social, no sólo debe ser bien investigado, sino también bien demostrados sus asertos a la sociedad.
Es casi seguro que el gobierno correísta cobrara las coimas de Odebrecht, porque las coimas son normales en la licitación de las obras públicas, en todas las naciones. Es un delito corriente, tolerado por las sociedades, que está mal pero no debe ser mal ajusticiado. De que hay una persecusión política mal intencionada lo da cuenta el hecho de que, entre los pocos gobiernos que fueron procesados, están el de Correa y el kirchnerista, dos de los bastiones del progresismo latinoamericano de principios del siglo XXI d.C., en cuanto que los demás no fueron enjuiciados casi nunca, salvo el peruano, y todos, progresistas y conservadores, deben haber cobrado las coimas, no sólo de la empresa Odebrecht, sino también de las demás adjudicatarias, quizás hasta en general, sino del todo. Para saber de la culpa de los ex gobernantes habría que conocer bien su participación concreta en los delitos, pero además se tendría que culpar bien a los pagadores de las coimas, de las empresas que hayan sido, y concluir bien el tema de la tolerancia social al respecto, ya que se sabe que este delito se comete y sin embargo se lo acepta, no sin cierta coerción. El culpable principal es el empresariado, porque es el agente que propone el soborno. El gobierno es un agente receptivo, y el pueblo un espectador heterogéneo, con distintas clases de respuesta pero que no han logrado resolver bien el tema, pero también, si hubiera habido un plan político para usar los sobornos de Odebrecht para perjudicar a los gobiernos progresistas, incluyendo entre éstos al peruano para disimular el ensañamiento, también habría que descalificar bien al proceso en su conjunto.
Un tercer bastión del progresismo latinoamericano enjuiciado por las coimas de Odebrecht fue Lula, a quien se condenó según el parecer del juez Moro, quien no encontró pruebas suficientes de su culpa.
Como el pago de coimas en la obra pública es normal, puede que los presidentes, y hasta los ministros, lo ignoren, si se lo hacen a sus subalternos, como lo son los directores y subdirectores de los organismos de control que otorgan las licencias, pero también puede que lo sepan. Para evaluar lo que pasó hay que averiguar lo suficiente, y mientras tanto admitir la propia ignorancia, que no es absoluta.