Después de haberse constituido en 2007, en diciembre pasado se conformó el directorio del Banco del Sur, con sede en Quito. La puesta en funcionamiento de este banco es celebrable, porque apuesta a la integración y el desarrollo regional, pero debe ser criticada también, ya que el modelo que intenta promover tiene deficiencias graves, que atentan contra el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población regional. Esto sucede porque el imaginario desarrollista está permeado por el capitalismo, con esa lógica que supone que el crecimiento económico es una necesidad indispensable, por lo que se desentiende de las otras cuestiones que requieren de un ordenamiento económico ecologista, e incluso de una productividad relajada. En este sentido, el Banco del Sur es antiecologista y antihedonista, o antilibertario. Las malas críticas que se le vierten al hedonismo y al libertarismo desde el democratismo religioso, o desde el socialismo obsecado, se basan en malos prejuicios, derivados de la actitud prosacrificante religiosa, celebratoria del sufrimiento, que en el socialismo se reprodujo como un carácter apesadumbrante justificado en el idealismo productivo de sus gobiernos a partir de la revolución rusa. El objetivo del socialismo, y del progresismo en general, debe ser el de una productividad óptima, que incluya a las poblaciones en la economía sin sobreatarearlas, para darles libertad para socializar y disfrutar, incluso para que se disfruten los negocios, y eso tiene que ser hecho ecológicamente, porque, si no, éstas, y sus coterráqueas, se apenarían en vano, a consecuencia de la mala productividad, lo que sería una sinrazón. Este es un riesgo grave del Banco del Sur, y real por la experiencia del BNDES brasilero, que en vez que fomentar la economía social financió megaemprendimientos que puede que no hayan sido indispensables, para lo que se reprimió a las poblaciones en que éstos se emplazaron, y aportó a lo insensato de la productividad actual, a la vez que ayudó a vivir. El Banco del Sur tendrá que optar entre la economía social y la megaemprendedora, que podría valer si estuviera bien ordenada, no lo sé, se lo tendría que debatir socialmente, y si no elige bien tendrá faltas que le restarán legitimidad y que apenarán a las sociedades, a la vez que en otras cosas será grato. De seguro terminará fomentando a ambas, pero es precisable qué fomento será ese, y de la forma que adopte dependerá, en parte, el mayor y menor éxito y fracaso de los modelos progresistas.
La economía social es la del empresariado proletario, o sea, la de los empresarios que buscan más subsistir que obtener una ganancia capitalista, y la que obtienen es menor que la de los capitalistas propiamente dichos. Es un empresariado corregible, porque mantiene la propiedad privada de medios productivos pequeños y medianos que son socializables, y por tener otros males, pero cuya supervivencia es necesaria para el progreso social mientras que se preparan las condiciones para la reforma constitucional que permita esa socialización. La inversión en megaemprendimientos debiera estar bien planificada, de acuerdo a las necesidades sociales que no se pudieran satisfacer de otra manera, en vez que ser utilizada para crear puestos de trabajo a los que se puede generar con meso y microemprendiemientos, o suplir con subsidios de supervivencia, que también debieran tener un consenso social razonable, pero que son más fáciles de implementar y que aparejan una mayor aceptación social, además de que esto posibilitaría disminuir el relacionamiento con grandes corruptos, que son expertos en defraudación económica y política.
En el marco constitucional vigente, puede aminorarse a las ganancias capitalistas mediante leyes, pero no extinguirlas del todo ni impedir los intentos empresariales para birlarlas, y no se puede terminar a la privatización de las propiedades socializables.