Un factor autodestructivo de las presidencias liberales progresistas, desde las de teístas de centroderecha a las de socialdemócratas ateos de elecciones poli-partidarias, son los megaproyectos, que a la vez que les reportan grandes beneficios inmediatos, por las inversiones, puestos de trabajo y logros presentables, contraen repudio social y corrupción gobernante, la de los licitadores de los ministerios que cobraron las coimas para otorgale las concesiones a las empresas contratistas que accedieran a los concursos. La delincuencia en la firma de los contratos puede ser erradicada por el poder ejecutivo, al menos en parte, pero incluso así los megaproyectos serían lesivos para el ambiente inerte y la naturaleza, la humana en particular. Entonces, mientras que las sociedades no hayan evolucionado lo suficiente para transformar democráticamente su ley en ecosocialista, el progresismo que ejerza la presidencia tendrá que adoptar otro modelo heterodoxo, lo que no es fácil menos por las coerciones legales ya impuestas para favorecer a los grandes capitales que por la hegemonía capitalista vigente, que entre otras cosas hace que los gobernantes tengan el imaginario sobre el progreso muy ligado a las obras magnánimas, en desmedro de las desconcentradas, las que llaman menos la atención. Una cuestión importante es la de priorizar la propiedad colectiva y la pública, o mismo la privada pequeña y mediana, por sobre la grande, que es la capitalista, en los planes económicos. Otra es la de sondear la aceptación social de los grandes proyectos, e instalar debates responsables en el caso de que las obras fueran necesarias en verdad, para que las comunidades decidieran sobre su implementación, aún si eso pudiera causar cancelaciones, retrasos y mermas en el crecimiento del producto bruto, a lo que habría que evaluar en concreto de acuerdo a las circunstancias. Una reforma legal revolucionaria tendría que adoptar normas buenas sobre control y participación social en la gestión de las grandes empresas, no sólo las públicas, así como restricciones a la usura, lo que podría suceder incluso si no se dispusiera la socialización de las empresas, dependiente de consensos quizás mayores que los de las otras medidas. Como la participación social no sufragante en la política económica de los gobiernos votados no es tenida en cuenta como derecho humano, es una fuente de pobreza inadvertida, más entre los perjudicados directos por las obras, que tampoco son los únicos que deban opinar sobre el tema ni siempre tienen buena razón.
En el bloque comunista el asunto se replica de algún modo con gobiernos unipartidarios, sean propietarios o asociados a las empresas adjudicatarias.