Al priorizar a la propiedad privada por sobre la pública y la cooperativa, la ley vigente es principalmente privatizadora, con lugar menor para el gobierno estatal y la tenencia compartida de las empresas: impulsa al modo asociativo de la división accionaria, que es de reunión de individuos capitalizados, los socios accionistas, cuyos capitales son registrados legalmente mediante abogados y escribanos.