Los golpes de la derecha a los recientes gobiernos progresistas no fueron sólo de índole legal, por lo que el concepto del lawfare es insuficiente para explicar algunas de sus facetas. En general fueron golpes de legalidad aparente, porque se apeló a leyes que no se les aplicó a otros presidentes, lo que se le hizo a Dilma Rousseff, o porque a Lula se lo proscribió con una sentencia fundada en convicciones, que son ideas insuficientes, o porque se recurrió a una campaña mentirosa de desprestigio amparada en un limbo jurídico, como en Brasil y Argentina, y triunfaron con elecciones; pero también los hubo de corte militar, como le hicieron a Manuel Zelaya y a Evo Morales, el primero detenido en pijama por una brigada y el segundo forzado a exiliarse por la inacción del ejército durante una insurrección conducida por la milicia privada de Camacho. El derrocamiento de Fernando Lugo fue parlamentario, pero de legalidad dudosa. A Rafael Correa se lo sacó de la presidencia mediante la traición de uno de sus aliados, y también se le aplicó el destierro. En Uruguay la derecha ganó la presidencia de forma legal, ya que venció al Frente Amplio en las elecciones, pero no debe haber expuesto bien su proyecto a la ciudadanía en la campaña, ya que, por ser de derecha, mantiene la concentración extrema de los capitales, lo que el progresismo de centro hace de forma atenuada, y aún así, con la ilegitimidad de no explicar del todo bien sus planes, ganaron las elecciones, o sea, que los pueblos también cometieron faltas políticas, vinculadas a que siguieron intuiciones que no eran tal como esperaban.
Lo que se describe como lawfare es una contienda polimodal, con sus vertientes jurídicas, electorales, militares, periodísticas y demás.