Los gobiernos debieran proveer este material para desinfectar, pero a su vez los pueblos exigen mucho el pago de las deudas estatales, no tienen una exigencia mayoritaria abierta en contra del pago, más bien al contrario, por lo que se dificulta la provisión gubernamental, lo que hace que haya que interpelar a los pueblos para que vean bien el tema de la deuda -no sólo por esta medida política particular, sino por todas, pero también por ésta-, ya que las finanzas estatales determinan la política del gobierno, que para concretarse en medidas necesita presupuesto. Como a los gobiernos los votan los pueblos, éstos tienen que decidir bien sobre los problemas políticos. Los pueblos tienen que enfrentar el dilema de si pagar deudas decadentes o financiar bien sus necesidades, y deberán resolverlo bien en el futuro mientras que no lo hayan hecho, pero la solución también dependerá del estrato social más anciano, es decir, de que la clase más conservadora, por anticuada, adopte la suficiente razón, y de buen modo. No será algo fácil de lograr.
En verdad los pueblos votan a dos de los tres poderes del gobierno, ya que el tercero, el judicial, se elige desde el parlamento y la presidencia. Es un poder cuyos miembros no son electos por el pueblo, sino por un grupo selecto suyo, de legisladores y presidentes, que se completa con las autoridades de las entidades jurídicas dedicadas a designar jueces, los comités de magistrados, también de nombramiento parlamentario y presidencial. Son autoridades de selección doble, ya que requieren dos tipos de votaciones, las de legisladores y presidentes, que son masivas, y las de sí mismos, que son parlamentarias. Tiende a ser vitalicio, a diferencia del mandato de voto masivo, que en general dura entre 4 y 6 años, cuando no es relecto. Entonces, los jueces se inclinan a las posturas más privadas y de mando asegurado, aunque de manera también crítica, y obedecen al espíritu de las asambleas constitucionales que inauguraron sus roles gobernantes.